Los acusados son cuatro miembros de una familia gitana: José Romero; su esposa, Antonia Amador; su hijo, Julio Romero, y un primo de éste, Antonio Romero Cortés, que se enfrentan a diferentes peticiones de pena.

El fiscal de la Audiencia Provincial de Jaén, José María Casado, ha solicitado un total de 42 años de prisión y 16 millones de pesetas de idemnización para los cuatro gitanos implicados en la muerte de Angel Arroyo.

Para el abogado de la familia Arroyo, Alfonso Ramírez, este sueso constituye un delito de homicidio con el agravante de predimitación, por lo que solicitará una pena total de 112 años, así como indemnizaciones que suman 30 millones de pesetas.

Por su parte, el abogado defensor de los cuatro miembros de esta familia gitana, Carlos García, solicitará la absolución para ellos porque considera que actuaron en legítima defensa.

La Audiencia tiene previsto que la vista oral dure dos días. Sin embargo, es problable que las sesiones se alargen más tiempo, ya que esán citados a declarar más de 60 testigos.

El gobernador civil de Jaén, Joaquín Iñiguez; el alcalde de Mancha Real, Alfonso Martínez, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, teniente coronel Manuel Hidalgo, son algunos de los testigos llamados a declarar, junto a varios vecinos del pueblo, guardias civiles y peritos.

En cuanto a los hechos que mañana se juzgan, tanto el fiscal como el abogado de la familia Arroyo consideran que la enemistad entre las dos familias venía de lejos.

Los echos ocurrieron en la madrugada del 18 de mayo de 1991 cuando la familia gitana se presentó en el bar "El Cabrero", propiedad de Angel Arroyo, al que habían amenazado varias veces. Arroyo fue apuñalado cuando inició una pelea contra uno de los procesados, al tratar de impedir que éste accediera a su bar.

Para el fiscal, el autor material de la muerte fue Julio Romero. Sin embargo, el abogado defensor considera que éste tan sólo intentó defenderse y para ello arrebató la navaja a uno de los hermanos d Angel Arroyo que también partipaba en la pelea.

Las asociaciones gitanas que se movilizaron tras el suceso esperan que este primer juicio sirva para poner las cosas en su sitio, según declaró Constantino Cortés, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA).

Estos hechos, ocurridos hace ahora un año, desencadenaron un brote de violencia contra las familias gitanas de la localidad, que acabó con el destrozo de siete de sus viviendas.

De momento, no todas las failias que abandonarón Mancha Real tras estos acontecimientos han podido regresar al pueblo, aunque ya han recibido un adelanto de cinco millones de pesetas de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, para la compra de enseres y mobiliario con el que equipar sus viviendas.

Los destrozos causados en los hogares gitanos serán juzgados próximamente, aunque todavía no se ha fijado la fecha.