La psicosis creada por la instalación del penal en Soto está repercutiendo ya en el turismo, según fuentes de los comerciantes, que aseguran que algunos visitantes creen que ya se está construyendo la cárcel y empiezan a buscar otras zonas de esparcimiento.

Otros dueños de locales comerciales achacan el descenso en el tursmo a la crisis económica que empieza a afectar a las familias que habitualmente veraneaban en la sierra madrileña.

El municipio de Soto del Real, antiguamente conocido como Chozas de la Sierra, tiene una población censada en torno a los 3.000 habitantes y en los meses de verano la población flotante alcanza los 25.000 vecinos, según las estimaciones del Ayuntamiento.

Los comerciantes, en especial los dueños de bares, terrazas, supermercados y tiendas de alimentación, estiman que durante los mese de verano sus ventas se multiplican por diez.

Asimismo, en la última década los vecinos de la zona que se dedican a actividades de tipo comercial también han aumentado considerablemente: el 70 por ciento del comercio en Soto del Real se ha instalado en los últimos años.

La industria en la sierra es prácticamente inexistente, la agricultura es una actividad en vías de extinción y la ganadería está desapareciendo por problemas económicos y enfermedades en el ganado, según los responsables político de la zona, que temen una profunda crisis económica en el norte de la región si la Administración acaba con el turismo por la instalación de la cárcel.

CASTIGAR LA ZONA

El representante de la Coordinadora del Bajo Gállego (Aragón), José Manuel Larqué, en solidaridad con los vecinos de la sierra de Madrid dijo que "el Gobierno socialista quiere castigar la zona por su tinte conservador, ya que todos los ayuntamientos afectados están gobernados por partidos de centro y de derecha".

Este grupo agutina a 30 colectivos de la provincia de Zaragoza y ha conseguido paralizar la instalación de una macrocárcel en Zuera (Zaragoza). Esta coordinadora, junto con el municipio de Torija (Guadalajara) y varios pueblos de la provincia de Málaga, ha ofrecido apoyo incondicional al pueblo de Soto en su lucha contra la instalación penitenciaria.

A juicio de José Manuel Larqué, la intención del Ministerio de Justicia de castigar la zona con esta macrocárcel es clara, porque "hasta ahora para ubicar nuevas cárcles se buscaban municipios gobernados por alcaldes del PSOE, buscando que la reacción popular no fuera tan opuesta".

Para el responsable de la coordinadora aragonesa, la instalación de macrocárceles son un inconveniente para el medio rural, donde prima la naturaleza, la tranquilidad y la libertad.

La nueva política penitenciaria articulada mediante cárceles de grandes dimensiones está en contra de la reinserción del preso en la sociedad y es un tipo de instalación desechada en toda Europa, según arqué.

La macrocárcel es "un campo de concentración" con capacidad para 950 reclusos y en donde se hacinan hasta 3.000 presos con el tiempo, según el representante del Bajo Gállego. Este tipo de penal es la que el Consejo de Ministros acordó instalar en Soto del Real.