Es el primer paso de la Administración de Justicia desde que hace dos semanas la Audiencia Nacional hiciera pública la ejecutoria de la sentencia el Tribunal Supremo que condenó al Estado a pagar más de medio billón de pesetas a los más de 20.000 afectados por el consumo de aceite de colza desnaturalizado.

En el nuevo local, que a mediados de esta semana aún no estaba completamente preparado para recibir público, se contará con todos los modelos de solicitud necesarios para atender las necesidades de los afectados y que, además, permitirán la informatización de todos los datos.

Se estará en contacto directo con el Ministerio de Trabajo par conocer el importe de las ayudas ya concedidas y se contará con el apoyo de la Abogacía del Estado para solucionar cualquier inconveniente de carácter jurídico que pueda surgir.

La oficina tiene previsto contar con un avanzado sistema informático, capaz de manejar los datos de los más de 20.000 afectados con sus características especiales de situación sanitaria, económica y social, entre otras.

La administración de Justicia ha decidido destinar a estas dependencias dos oficiales de justicia, 4 axiliares, 2 agentes judiciales y un subalterno. Además, los magistrados de la Audiencia Nacional que dictaron la ejectoria de la sentencia pasarán por estos locales para atender personalmente a los afectados.

Se contará también con una pequeña clínica, que atenderán dos médicos forenses, para poder efectuar reconocimientos urgentes a quienes consideren que su situación sanitaria ha variado respecto a la que se recoge en la sentencia.

Durante las dos últimas semanas, varios centenares de afectadosse han manifestado diariamente ante la Audiencia Nacional pidiendo ser recibidos y en protesta por considerar que le ejecución de la sentencia restringe sus derechos, al calificar como indemnización todas las cantidades recibidas hasta la fecha, por lo que se prevé gran afluencia de damnificados en las nuevas dependencias.