En su reunión del pasado 28 de noviembre, la sala acordó por unanimidad solicitar al CGPJ el nombramiento de dos facultativos para ejecutar la sentencia, que condenó al Estado como responsable civil subsidiario al pago de más de medio billón de pesetas a entre 20.000 y 30.000 afectados.

"A ser posible", añade la Sala de Gobierno, los médicos forenses nombraos para esta tarea deberían ser "aquellos que se especializaron en los criterios y protocolos para determinar la afectación por el síndrome tóxico".

La ejecución de esta sentencia se suma a una fuerte sobrecarga de trabajo en la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que tiene pendiente cerca de 15 asuntos, como el juicio del "caso Banesto", el caso de las facturas falsas del IVA, el de las cesiones de crédito, el caso Enatcar, el del grupo Torras y PSV, entre otros.

En la reunión celebrada el psado viernes por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, el presidente de este órgano judicial, Clemente Auger, señaló que, "desmantelada hace años la oficina específicamente dedicada al seguimiento, en la Sección Segunda, del síndrome tóxico, de los afectados y sus muertes, parece necesario contar con la contribución especial de médicos forenses, personal de oficina, secretario judicial y magistrados".

"Para ello pudiera acudirse al personal que actualmente constituye el equipo de apoyo a la Seción Primera de la Sala de lo Penal: sin más que agregar la incorporación de dos médicos forenses", expuso el presidente de la Audiencia Nacional a la Sala de Gobierno.

Auger recordó asimismo "la necesidad de coordinación con la oficina de gestión de prestaciones económicas y sociales del síndrome tóxico (coordinación que, en su momento, fue especialmente fructífera para el proceso); y con otros órganos a que la Administración encomiende tareas relacionadas con las indemnizaciones (del Ministerio de Hcienda...)".

La Sala de Gobierno remitirá las peticiones al presidente del CGPJ, Javier Delgado, y al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia.