Aunque fuentes de la Audiencia Nacional prevían la apertura para hoy mismo, por el momento no ha sido posible la entrada en funcionamiento de la oficina, cuya finalidad es atender todas las necesidades de los afectados por el síndrome tóxico que deben ser indemnizados por elEstado.

La oficina contará con un avanzado sistema informático, capaz de manejar los datos de los más de 20.000 afectados con sus características especiales de situación sanitaria, económica y social, entre otras.

Cuando entre en funcionamiento el local, pasarán por él los magistrados de la Audiencia nacional que dictaron la ejecutoria de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al Estado a pagar más de medio billón de pesetas a los más de 20.000 afectados por el consumo de aceite de colza dsnaturalizado.

La oficina contará también con una pequeña clínica, que atenderán dos médicos forenses, para efectuar reconocimientos urgentes a quienes consideren que su situación sanitaria ha variado respecto a la que se recoge en la sentencia.