Según explicó en rueda de prensa Blanca Guerra, vicepresidenta de la federación madrileña, ésta representa a 7.000 afectados de localidades de la Comunidad de Madrid. La entrevista con Aznar pretende aliviar las aspiraciones insatisfechas por el vicepreidente Francisco Alvarez-Cascos, que ha "desoído" desde octubre las peticiones de otra entrevista.

Una de las cuestiones que quieren exponer al Gobierno es que, estando la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo recurrida, y por lo tanto sin ser firme todavía, la Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, que depende de la Seguridad Social, está exigiendo a quienes acuden a la oficina de la calle Fuencarral, 77 que soliciten un certificado de todas las prestaiones recibidas hasta la fecha "que tengan la condición de deducibles de la indemnización que me corresponda".

Blanca Guerra manifestó que no era de recibo que se exija ese certificado porque precisamente tanto las acusaciones como el abogado del Estado han recurrido el auto de la Audiencia Nacional del 13 de marzo pasado, que califica como adelanto de las indemnizaciones todas las cantidades percibidas por los afectados, a excepción de los gastos médicos, de Seguridad Social y otros semejantes, aclarndo a continuación que las ayudas económico-familiares complementarias deberán ser deducidas de las indemnizaciones.

Los afectados denuncian que la Administración está actuando como si el recurso ya se hubiera resuelto en contra de las aspiraciones de los afectados.

Otra de las cuestiones que quieren exponer a Aznar es que el Gobierno asuma la ponencia que presentó el Partido Popular en 1994 sobre mejoras en los aspectos asistenciales, económicos y sociales de los afectados por el síndrome tóxico