Los presidentes de los colegios profesionales analizarán las consecuencias que tendrán la supresión de las tarifas mínimas, la libertad para hacersepublicidad y el libre establecimiento sin trabas geográficas en la calidad y la deontología del servicio prestado a los clientes, según informaron hoy a Servimedia fuentes de la Unión Profesional.

Los responsables de los colegios profesionales reclamarán al Gobierno el derecho a ser oidos, antes de que las recomendaciones del Tribunal de la Competencia se plasmen en cambios legales, solicitud a la que el Gobierno ya se mostró dispuesto el pasado viernes, por boca de su ministra portavoz, Rosa Conde. La totalidad de los colegios profesionales que han expresado hasta ahora su opinión consideran que la panoplia de medidas liberalizadoras propuestas por el Tribunal de la Competencia no abaratarán los servicios a los clientes y podrían empeorar su calidad.

BENEFICIA A LOS GRUPOS DE PRESION

Uno de los colegios más beligerantes contra estas medidas, el de Arquitectos de Madrid, celebrará el miércoles una Junta General Extraordinaria para decidir las acciones que tomarán contra la decisión del Gobieno de suprimir las tarifas mínimas.

Amalia Castro-Rial, vocal adjunta al decano de este colegio, manifestó hoy a Servimedia que, en el sector de la vivienda, la supresión de tarifas profesionales mínimas "sólo beneficiaría a los grandes grupos de presión económicos, que son los que, en definitiva, pagan los honorarios, pero de ninguna manera al consumidor final, porque la repercusión de los honorarios en el coste de venta es muy pequeña".

A su juicio, el informe del Tribunal de Defensa de la Comptencia "tiene un cariz mucho más político que económico", ya que "se fundamenta en una situación europea que no es como dice", puesto que en casi todos ellos existen colegios profesionales y tarifas establecidas.

Señaló que el informe tampoco tiene justificación económica, puesto que las tarifas de los arquitectos se asocian al precio de la construcción y no al de venta, que es el que paga el usuario, con lo que estas tarifas sólo suponen un uno por mil en el precio que paga el consumidor.

En su pinión, la eliminación de las tarifas mínimas tendrá efectos negativos en la calidad de los servicios prestados a los clientes porque "las cosas cuestan lo que cuestan y el trabajo profesional cuesta lo que cuesta". Precisó que están a favor de algunos puntos del informe, como la defensa de códigos deontológicos.

Por su parte, el presidente de la Unión Profesional y decano de los colegios de abogados, Antonio Pedrol Rius, afirmó la semana pasada que es ilusorio esperar que la supresión de los honoraris mínimos vaya a aumentar la competencia entre los letrados.

Pedrol sí se mostró dispuesto a admitir que los abogados puedan hacer publicidad de sus bufetes, siempre que el anuncio sea visado previamente por el colegio profesional y que, en caso de desacuerdo, resuelva sumariamente el Tribunal de la Competencia.

También expresó su confianza en que éste no sea un primer paso hacia la supresión de la afiliación obligatoria a los colegios profesionales y dijo que, en el caso de los abogados, eso supndría que todos los "indeseables" rechazados por los colegios europeos vendrían a ejercer en España.