El COAM había pedido que se mantuviera la antigua cárcel de Carabanchel, tomando en consideración los valores arquitectónicos, ya que suponía una tipología arquitectónica singular en España.

Los arquitectos consideran que "técnicamente era viable la conservación de la cúpula" y acusan al Ejecutivo central de "obviar cualquier solución participativa, transparente, consensuada y democrática sobre el patrimonio arquitectónico y urbanístico".

Para el Colegio de Arquitectos, "la imagen formal exterior de la cúpula del edificio penitenciario formaba parte indefectible del paisaje urbano de Madrid y del alma de su interior, ya que la arquitectura no es otra cosa", según señala a través de un comunicado.

A su juicio, la forma en la que se ha llevado a cabo el derribo, ordenado por el Ministerio de Interior, evidencia que "se ha actuado al margen del debate público y de la participación ciudadana", lo que demuestra una vez más "las deficiencias del sistema urbanístico actual, más atento a aprovechamientos económicos y soluciones materiales que al espíritu de la ciudad".

El COAM cree que ambos intereses son compatibles e insiste en la ética democrática del debate participativo, en el derecho constitucional y en el eje argumental de la reciente Ley del Suelo, así como en la defensa del patrimonio histórico artístico de Madrid.