El convenio lo suscribieron el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gádor Ongil, y el decano del Colegio de Abogados, Antonio Hernández Gil.

Pero en el acto participaron también como testigos el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien destacó que este nuevo servicio pretende ser un instrumento de ayuda "para que las personas con discapacidad lleven una vida plena contando con las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos".

A este respecto, Hernando subrayó que muchas veces, el principal obstáculo para la protección de los derechos de los discapacitados no se encuentra en las leyes, sino en la voluntad real de hacer efectivos los derechos que en ellas se reconocen, y que, por ello, el convenio de hoy es un paso más para mejorar la calidad de vida de este colectivo.

La firma de este convenio, dijo, "es un pequeño paso, pero un paso más hacia la deseada igualdad de todos ante la ley, con la esperanza de que, con él, y con otros como él, el reconocimiento de derechos a los discapacitados se traduzca en su real disfrute en condiciones de igualdad, por aquellos que más necesitan de nuestro apoyo y consideración".

EL SERVICIO

Con el nuevo servicio de orientación jurídica a las personas con discapacidad se garantizará a sus beneficiarios el asesoramiento jurídico básico por parte de un letrado y se les dará la información adecuada en los supuestos jurídicos que planteen en cuestiones que afecten a sus derechos o intereses.

El acuerdo permitirá, concretamente, que los ciudadanos puedan resolver sus dudas acerca de problemas jurídicos que les repercutan, solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, así como la información sobre los requisitos necesarios para su obtención, y el auxilio técnico y material para cumplimentar el impreso de solicitud.

El convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, pudiéndose prorrogar anualmente, constata que la financiación de este servicio correrá a cargo de la Comunidad de Madrid, que en 2008 tiene previsto invertir para este fin más de 34 millones de euros.