Esta es la conclusión a la que llega el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en su memoria anual, que hoy presentó coincidiendo con el inicio del año juidicial.

Cardenal indica en la memora anual que el accidente de la mina de Aznalcóllar demuestra que "por muy amplia que sea la tipificación de la conducta delictiva, ello no redunda necesariamentente en una mejor protección del bien jurídico".

El informe añade que el suceso, del que dice que es una de las mayores catástrofes ambientales que se recuerdan, demuestra que un sistema de protección del medio ambiente basado en las sanciones y que olvide aspectos como la prevención está condenado al fracaso.

"En definitiva", señala el fical general del Estado, "la única solución posible pasa por potenciar la eficacia de la Administración pública, pero no se puede pretender suplir sus carencias con el recurso al Derecho penal, ya que de nada sirve imponer sanciones penales, tipificando ciertas conductas como atentatorias contra el medio ambiente, si antes no se establece una legislación de caracter preventivo".

Por este motivo, Cardenal afirma que la catástrofe de Aznalcóllar "desbarata las excesivas expectativas" que asegura se depostaron en el Código Penal de 1995.

Sin embargo, reconoce que el texto mejora el tratamiento que otorgaba el anterior Código Penal al delito ecológico y añade que durante 1997 se produjo un inccremento "sostenido" del número de procedimientos por infracciones medioambientales.

Por el contrario, destaca que no se produjo ninguna sentencia condenatoria el año pasado, pero aclara que no es debido a un descenso del número de procedimientos, sino a la complejidad de las causas, y augura que este año se ictarán numerosas sentencias.