Señaló también que "en estos momentos, la fiscalía general del Estado está elaborando un borrador de las penas que deberían ser incluidas en el código penal", unas penas que comprenden las de cárcel, aparte de multas que alcanzan, en algunos casos, los 100 millones de pesetas.

Para la lucha contra estos delitos de expolio del Patrimonio Cultural y Arquológico, el ministerio del Interior y Cultura "están crrando la brigada policial para luchar contra estos atentados a la cultura, que cuenta ya con ocho inspectores especializados, plantilla que se ampliará antes de final de este año con 24 inspectores más".

Recordemos que, fruto de esta coordinación, fue la resolución con éxito de la operación cigüeña hace unos meses en Mérida. Una operación que, según el director general de Patrimonio Nacioanl de la Junta de Extremadura, José María Soriano, todavía no está cerrada.

El consejo del Patrimonio Histórico Español, que se reune en Mérida hoy, es el órgano encargado de coordinar la actuación de la administración central y de las Comunidades Autónomas en materia de cultura y patrimonio.