La Coda centra ss críticas al texto en dos puntos concretos: que se declare sistemáticamente como urbanizable todo aquel suelo que previamente no haya sido catalogado como no urbanizable y el hecho de que los ayuntamientos tengan un plazo de dos meses para contestar si un plan urbanístico se ajusta a la normativa municipal y que, en caso de no contestar en ese plazo, se entienda que el ayuntamiento da el visto bueno al plan.

Para la coordinadora ecologista, el primer punto constituye un apoyo encubierto a que puedan er urbanizadas áreas de interés natural, por entender que las administraciones locales no suelen tener medios técnicos y humanos suficientes para delimittar todas las áreas de interés natural que existen en España.

Además, temen que la nueva normativa promueva la aparición de urbanizaciones fuera de los cascos urbanos, por considerar que este tipo de desarrollo urbanístico crea problemas ambientales y de gestión graves.

Respecto al silencio administrativo positivo a partir de dos meses que plante el borrador de anteproyecto de ley al que se refieren los ecologistas, la Coda cree que "resulta especialmente peligroso", porque muchos ayuntamientos tienen dificultad técnica para poder analizar detalladamente los proyectos de urbanización y poder responder en dos meses.

Asimismo, los ecologistas advierten que algunos ayuntamientos podrán permitir que salgan adelante proyectos urbanísticos contrarios al planeamiento aprobado no contestando dentro del plazo de dos meses establecido.

"Esta medid", agregan, "puede ser además una fuente de corrupción importante, pudiéndose llegar a acuerdos entre responsables municipales y promotores inmobiliarios, de tal manera que pudieran aprobarse auténticas barbaridades urbanísticas, simplemente con no contestar en los dos meses correspondientes".

Según la Coda, el espíritu que subyace en el borrador es el de facilitar la actividad urbanística "al precio que sea", incluso en contra de la voluntad de los responsables municipales y autonómicos.

Además e las repercusiones ambientales, sociales y territoriales negativas que la coordinadora asegura que tendría la aplicación de este texto, mantiene que no conseguiría una reducción de los precios de las viviendas, puesto que la Coda argumenta que en la actualidad la disponibilidad de suelo urbanizable también es muy superior a la demanda y este hecho no provoca una bajada de precios.