Según afirmó Coapi en un comunicado, el sistema judicial español registra “cada día más casos” de ocupación de viviendas, siendo las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Canarias, Murcia, Valencia y Madrid las principales afectadas.

En este contexto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España quiso alertar de que la legislación en materia de ocupación de viviendas es “confusa y nada clara para poder actuar con diligencia y rapidez”.

Resaltó que los procesos judiciales actuales “suponen unos costes muy elevados y una perpetuación en el tiempo del delito de okupación que no ofrecen ninguna garantía a los propietarios”.

Asimismo, la organización defendió que “el incremento de los casos registrado en España se debe precisamente a la laxitud y la poca claridad de la ley, lo cual da muchas alternativas a los okupas para invadir la propiedad ajena con total impunidad”.

El presidente de Coapi Madrid, Jaime Cabrero, reclamó un pacto de Estado "en el que todos los agentes sociales, políticos y técnicos que intervienen en el funcionamiento del mercado puedan reunirse, llegar a un consenso y alcanzar una solución efectiva y a largo plazo".

De lo contrario, advirtió, "se seguirá creando una confusión tanto para el consumidor como para el inversor que es muy perjudicial para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía y que vulnera claramente uno de los derechos que cimentan nuestro estado de bienestar como es el de la propiedad privada”.

La responsable del área de asesoría jurídica del Coapi España, Montserrat Junyent, afirmó que “los vaivenes jurídicos registrados no ayudan a determinar un marco legislativo que prevenga de manera definitiva esta tendencia que vulnera un derecho tan importante como es el de la propiedad privada”.