A juicio del coordinador general de COAG, José Luis González, el Gobierno intenta reducir "el papel de vertebración que las OPAS (organizaciones profesionales agrarias) tienen que desarrollar legitimamente en el sector agrario".

La reducción presupuestara de 60 millones de pesetas para el Instituto de Fomento Agrario (IFA), que es quien concede las ayudas, supone un 10 por ciento menos sobre la cifra total de este año, que en 1994 será de 540 millones.

Durante 1992, COAG recibió del Estado 91 millones de pesetas, igual cantidad que el resto de organizaciones agrarias, salvo Jóvenes Agricultores, que recibe algo menos. Todavía no está claro cómo se va a aplicar la reducción de 1994.

González calificó de "tijeretazo" los Presupuestos para agricultra de 1994, ya que si bien aumentan en su monto total un 22 por ciento respecto a 1993, este incremento se debe a las transferencias comunitarias para compensar la caída de rentas de los agricultores y, a su juicio, seguirán beneficiando a los productores que viven de otras actividades y tienen a la agricultura como segundo ingreso.

En cambio, la partida estatal se reduce en 15.000 millones de pesetas (8,6 por ciento) respecto al presupuesto de 1993 -175.000 millones-, lo que en opinión de COAG aumentrá la recesión y la falta de competitivadad en el sector agrario.

El coordinador general de COAG dijo que este proyecto de presupuesto "certifica la defunción del Acuerdo Marco", firmado entre las organizaciones agrarias y el Ministerio, ya que no hay asignación financiera suficiente para mantenerlo.

José Luis González dijo que va a mantener contactos con los diferentes grupos parlamentarios para intentar que cambie el Presupuesto de Agricultura, y si no lo consigue no descartó la convocatoria demovilizaciones.

IRPF

Por otro lado, ante el proyecto de la Agencia Tributaria de cobrar un anticipo del IRPF del 2 por ciento en todos los intercambios comerciales para evitar el fraude, González aseguró que existe "una campaña de difamación, no justificada, sobre los agricultores, que pretende evadir la responsabilidad del control de la recaudación, que corresponde al Gobierno".

Aunque reconoció que actualmente se defrauda con el IVA en las relaciones comerciales entre agricultores y empresas groalimentarias, responsabilizó a estas últimas de esta situación y aseguró que aumentará el fraude si se deja en manos de la industria su control, como pretende el proyecto de la Agencia Tributaria.