La Ley de Bases de Cámaras Agrarias establece dentro de la competencia de la Administración del Estado las reglas generales que deben presidir los comicios a cámaras en todas las comunidades autónomas, que tienen competencia para desarrollarlas y convocarlas.

A juicio de la COAG, es imprscindible la existencia de unas normas generales para todo el Estado si se quiere cumplir una de las finalidades esenciales de la ley: la determinación de la representatividad de los agricultores y ganaderos entre las diversas administraciones.

En opinión de esta organización, la posibilidad de que cada comunidad autónoma regule su propio censo electoral provocaría que los resultados electorales no fueran uniformes en todo el Estado y se distorsionaría la representatividad de los productores agrarios nte las administraciones central y comunitaria.

Además, una modificación de la ley en este momento podría suponer la paralización del proceso democrático en el campo, justo cuando parece, con la excepción de Cataluña, que comienza a generalizarse tras veinte años de espera.

Por ello, la COAG considera muy perjudicial la propuesta formulada por la Generalitat catalana y el Gobierno vasco, que a su juicio se sustenta en intereses partidistas y territoriales, olvidando las necesidades del sector agrrio.

Por ello, la coordinadora reclama del Ministerio de Agricultura una defensa decidida de la actual ley de bases, ya que lo contrario supondría una cesión de las funciones que corresponden al Estado.