Este encuentro presentado por el presidente de la CNSE, Roberto Suárez, se enmarcó en el proyecto ‘Signar por Justicia’ impulsado por la CNSE con la cofinanciación del del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE. En él se llevaron a cabo tres ponencias impartidas por Patricia Mora, Marta Muñoz y Lucia Vallecillo, que pertenecen al área jurídica de la Confederación.

El seminario coincidió con el primer aniversario de la promulgación del real decreto por el que se aprueba el reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Una norma que según Roberto Suárez, ‘es cuestión de derechos humanos”.

En esta línea también se pronunció la primera de las ponentes, Marta Muñoz, al calificar los derechos lingüísticos de las personas sordas como ‘derechos que nos dignifican y empoderan’ y sobre los que se establecen unas ‘medidas de protección, promoción y reconocimiento’ que se encuentran recogidas en el estudio ‘Acercamiento a los derechos lingüísticos de las personas sordas: más allá de la discapacidad’ elaborado por la entidad.

A continuación, Lucía Vallecillo abogó por un enfoque interseccional de los derechos de las personas sordas, ya que la lengua de signos no es solo un elemento de accesibilidad, sino que es ‘un instrumento que conecta con la identidad de una comunidad lingüística y cultural como es la comunidad sorda”.

Por su parte, Patricia Mora destacó que el Reglamento que desarrolla la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, incluye importantes beneficios para las personas sordas, como por ejemplo, la promoción de la lengua de signos española y el derecho a recibir enseñanza en esta lengua o a usarla en la vida social, cultural, política y económica.

Por último, las tres ponentes y asesoras jurídicas de la Confederación coincidieron en resaltar la importancia de la lucha que a lo largo de los años han mantenido la CNSE y su red asociativa para que la normativa nacional e internacional reconozca estos derechos, y ratificaron el compromiso de la entidad para que la atención a la comunidad lingüística usuaria de las lenguas de signos en España ‘deje de ser dispar’.