El expediente sancionador es consecuencia de la investigación abierta el pasado 23 de octubre, en relación con el lanzamiento por parte de Endesa de sendas ofrtas públicas de adquisición sobre acciones de Sevillana de Electricidad y Fecsa.

La CNMV ordenó esta investigación por el presunto uso de información privilegiada en esas OPAs, para esclarecer el origen de las filtraciones que dieron a conocer la operación ocho días ante de su anuncio oficial.

El ministro de Industria, Josep Piqué, anunció oficialmente la compra por Endesa del 75 por ciento de Sevillana y Fecsa el día 18 de octubre, pero al mercado trascendió desde el día 10, fecha en que inclus informó de la operación un medio de comunicación.

Como consecuencia, los mercados registraron una avalancha de compras de acciones de Sevillana y Fecsa, que disparó sus precios. El 9 de octubre, las acciones de Fecsa valían 959 pesetas, mientras que el día 18, fecha del anuncio oficial, habían subido hasta las 1.070. En ese mismo periodo de tiempo, las acciones de Sevillana pasaron de 1.105 a 1.250 pesetas. El resultado fue que las compañías eléctricas se revalorizaron en 43.111 millones en el caso d Sevillana, y en 20.441 millones en el de Fecsa, con las consiguientes ganancias para los especuladores.

Según la CNMV, las actuaciones investigadas caen en el ámbito del artículo 99, apartado ñ, de la Ley del Mercado de Valores, que obliga a los emisores de valores a informar al público, "en el más breve plazo posible, de todo hecho o decisión que pueda influir de forma sensible en la cotización de los mismos".

Según esta norma, "cuando el emisor considere que la información no debe ser hecha púlica por afectar a sus intereses legítimos, informará inmediatamente a la CNMV, que podrá, si lo estima necesario, dispensarle de tal obligación".

Las infracciones muy graves, según la Ley del Mercado de Valores, estáb castigadas con una multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de las irregularidades cometidas o, en caso de que no resulte aplicable este criterio, de hasta el 5 por cien de los recursos propios si se trata de una enidad o hasta cinco millones de pesetas en otro caso. También pueden llevar aparejadas la suspensión de la condición de miembro del mercado secundario de la bosla por un plazo de hasta cinco años.

La nota de prensa difundida por la CNMV añade que "el expediente informativo continúa su tramitación en relación a otras posibles infracciones".