El organismo supervisor lo señala en un informe que ha realizado sobre el anteproyecto de Ley del Mercado de tabacos y otros productos relacionados.

En su análisis, la comisión advierte de que el modelo que regula actualmente el mercado de tabaco en España "mantiene importantes restricciones a la competencia, como el hecho de que el Estado mantenga el monopolio en la distribución minorista del tabaco".

El regulador cree que "la protección de la salud no tiene por qué estar reñida con una regulación eficiente que promueva la competencia, y recuerda que existen herramientas más efectivas de tipo fiscal para desincentivar el consumo de tabaco".

La institución que preside Cani Fernández considera que "no está justificado aplicar la regulación de los productos del tabaco (por ejemplo, con limitaciones de venta) a los denominados cigarrillos electrónicos o a los vapeadores", y "deberían tener una regulación propia y ajustada a sus características".

DISTANCIA MÍNIMA

En la nueva norma que ha elaborado el Gobierno, la distribución y venta minorista de productos del tabaco se sigue reservando en exclusiva a determinados establecimientos (estancos y puntos de venta con recargo) y extiende ese monopolio a los productos relacionados con el tabaco. "Desde la óptica de los principios de buena regulación, la CNMC recomienda que se replantee el monopolio en ambos casos y que se evalúen instrumentos de intervención alternativos", indica el informe.

En relación con la autorización de acuerdos entre operadores y campañas de promoción de un solo producto, Competencia afirma que sin cuestionar la necesidad de controlar la actividad de los operadores, sostiene que debería replantearse el régimen de autorización exigido para los acuerdos, así como los requisitos para las campañas.

La CNMC propone en su informe eliminar el criterio de distancia mínima entre estancos y reducir el periodo de duración de las concesiones, que el anteproyecto eleva hasta los 30 años.

Por otra parte, la Comisión valora positivamente que el anteproyecto agrupe en una sola ley cuestiones reguladas en varias normativas para conseguir una mayor seguridad jurídica. También destaca la creación de un registro público de asociaciones y grupos de interés y las mejoras en la trazabilidad y la seguridad de los productos.