En un informe sobre este anteproyecto que le ha solicitado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la comisión reguladora recomienda "mejorar aspectos de los bancos de pruebas regulatorios ('sandbox'), con criterios claros y mecanismos para detectar amenazas para la competencia".

También sugiere que se "clarifiquen las figuras de colaboración empresarial, para que respeten la normativa de competencia, y de los agentes de ejecución, para reforzar su seguridad jurídica".

Según Competencia, también debería revisarse la justificación de las razones de interés general para exigir una "acreditación previa de los organismos de control ante el organismo nacional de acreditación", y si no existen, sustituirlas por una declaración responsable y un control a posteriori.

El informe también aboga por que se incluya en la ley la obligación de comunicar a la CNMC cualquier hecho o conducta presumiblemente ilícita en el ámbito de la competencia, y que se definan conforme a los criterios de la Unión Europea (taxonomía conjunta) los beneficios medioambientales que se persiguen con la contratación pública.

La entidad que preside Cani Fernández defiende, además, que se evite exigir titulaciones concretas para ejercer una actividad, salvo que exista una justificación razonada, y optar por exigir los conocimientos y aptitudes necesarios para ello.