Esta es una de las recomendaciones de mejora realizadas por el regulador, que subrayó que la competencia es “una palanca importante para impulsar la digitalización y la mejora del medio ambiente”, y advirtió de que en el pasado existieron “posibilidades de mejora de la regulación del transporte” en casi todos sus ámbitos.

“El anteproyecto constituye una oportunidad para revisar la regulación vigente y reducir obstáculos innecesarios o desproporcionados al acceso y ejercicio de las actividades de transporte”, incidió la CNMC.

Por otro lado, el organismo presidido por Cani Fernández pidió orientar la política de movilidad por los principios de “competencia efectiva y de neutralidad competitiva”, y diseñar las políticas de acceso a los datos “adecuadamente para impulsar la competencia sin distorsionar los incentivos de los operadores”.

Por otro lado, instó al Gobierno a “reforzar” la coordinación para determinar el contenido y obligaciones de los planes de movilidad y evitar duplicidades, así como adoptar medidas para que “la separación contable, funcional y jurídica entre la gestión de la infraestructura y la operación del servicio pueda ser efectiva”.

Asimismo, exigió no reservar únicamente a las administraciones públicas y los operadores ferroviarios los servicios de conexión con el ferrocarril y dar “mayor flexibilidad en las condiciones para establecer estos servicios cuando coincidan con rutas de autobús”, además de “revisar el sistema concesional en el transporte de viajeros por carretera, salvo en aquellos casos donde la iniciativa privada no proporcione las condiciones deseables”.

Por último, la CNMC quiere que el Gobierno clarifique su papel en la planificación de las infraestructuras y garantice que mantiene la independencia del regulador respecto del promotor del proyecto en lo relativo a los bancos controlados de pruebas, “contemplando la opción de no regular si no es necesario”.