Según informó este martes el organismo supervisor, los dos gigantes estadounidenses firmaron el 31 de octubre de 2018 dos contratos mediante los que se actualizaban las condiciones de Amazon como distribuidor autorizado de Apple. En ellos se incluyeron varias cláusulas restrictivas de la competencia que afectaban a la venta minorista por Internet de productos electrónicos en España.

Ambas empresas acordaron que únicamente una serie de distribuidores designados por la propia Apple podían vender los productos de la marca Apple a través de la web de Amazon en España.

Como resultado de la aplicación de estas cláusulas, más del 90% de los revendedores que venían usando la web de Amazon en España para la venta minorista de productos Apple quedaron excluidos del principal mercado en línea en España.

Además, los vendedores no autorizados por Apple para vender sus productos en la web de Amazon en España perdieron un importante canal de ventas, en la medida en que dicha web vehicula la mayor parte de las compras en línea de productos electrónicos en España.

Según la comisión que preside Cani Fernández, las ventas de productos de la marca Apple en dicho mercado en línea se concentraron en la propia Amazon, reduciéndose drásticamente la competencia entre revendedores de productos de esta marca. Asimismo, se redujeron las ventas de productos Apple a través de la web de Amazon en España por parte de vendedores afincados en otros países de la UE, limitándose por tanto el comercio entre Estados miembros.

La CNMC también ha detectado un incremento de los precios relativos pagados por los consumidores por la compra de productos Apple en dicho mercado en línea en España.

Los revendedores más afectados por esta cláusula fueron los distribuidores no autorizados de Apple (denominados en inglés Non-Authorised Resellers), operadores generalmente de pequeño tamaño que no tienen una relación comercial directa con Apple pero que venden sus productos con su consentimiento y que eran los más activos en la web de Amazon en España y, por tanto, los que ejercían más presión competitiva en precios en dicha web.

PUBLICIDAD

Mediante las cláusulas de publicidad, Amazon y Apple limitaron la posibilidad de que marcas competidoras de Apple pudieran adquirir espacios publicitarios en la web de Amazon en España para anunciar sus productos cuando se realizan ciertas búsquedas de productos Apple, así como durante el proceso de compra de dichos productos.

Las cláusulas de limitaciones al marketing establecen que Amazon no podrá llevar a cabo, sin el consentimiento de Apple, campañas de marketing y publicidad que estén dirigidas específicamente a clientes que hayan comprado productos Apple en la web de Amazon en España y fomenten que estos consumidores cambien de un producto Apple a uno de la competencia.

Como consecuencia de las cláusulas anteriores, Apple ve reducida la presión competitiva generada por los anuncios de la competencia en la web de Amazon en España, y por las campañas de marketing que ésta pueda realizar y que el resto de las marcas sí deben soportar. Asimismo, estas limitaciones perjudican directamente a los consumidores ya que limitan su capacidad de descubrir nuevas marcas y/o productos alternativos a los de Apple; incrementan sus costes de búsqueda y reducen su capacidad de cambio ('switching').

La CNMC considera que estas cláusulas, que contribuyen conjuntamente a cambiar la dinámica de venta de productos Apple en la web de Amazon en España, "restringen la competencia intramarca e intermarca y constituyen una infracción única y continuada de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se inició con la adopción de las mismas en octubre de 2018".

La CNMC ordena la cesación de la conducta y multa a las sociedades imputadas del Grupo Apple con 143,64 millones de euros y a las sociedades imputadas del Grupo Amazon con 50,51 millones.

Competencia recuerda que contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.