El precio de terminación móvil es la tarifa que cobra un operador móvil de red o virtual a cualquier otro operador por terminar las llamadas en su red.

Según señala la CNMC en un comunicado, la reducción progresiva de los precios mayoristas regulados de terminación móvil ha sido fundamental para fomentar la competencia en el mercado de voz móvil, permitiendo reducciones de precios al usuario final y la progresiva implantación de tarifas planas.

La CNMC lanzó en septiembre de 2022 una consulta pública en la que ya proponía la desregulación del mercado, confirmada ahora mediante resolución.

Competencia asegura que se trata de una decisión acorde con la Recomendación de mercados de la Unión Europea, al concluir que, en el contexto regulatorio actual marcado por el Reglamento de la Euro-tarifa, el servicio de terminación móvil se presta en un entorno de competencia efectiva y, por tanto, las obligaciones en vigor ya no son necesarias.

Con la aprobación del Reglamento de la Euro-tarifa, los precios del servicio de terminación han pasado de ser fijados por cada regulador nacional a ser fijados por la Comisión Europea. Para 2023, el precio de terminación móvil europeo es de 0,40 céntimos de euro por minuto, y en 2024 descenderá a 0,20.

Ni la Comisión Europea ni el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (así como el Berec y otras autoridades nacionales de regulación) han formulado observaciones al proyecto de medida.

La CNMC considera también que tanto la legislación en materia de competencia como la sectorial de telecomunicaciones serán suficientes para abordar adecuadamente potenciales problemas que se pudieran detectar en el mercado.

Subraya además que las potenciales conductas restrictivas de la competencia serían detectables (por ejemplo, a través de la correspondiente denuncia por parte del operador implicado) y podrían motivar la adopción de medidas por la CNMC.

La CNMC también podría actuar conforme a la normativa sectorial de telecomunicaciones, por ejemplo, a través de los procedimientos de resolución de conflictos.

Las obligaciones impuestas se eliminarán en un periodo de seis meses (a partir de la publicación de la resolución difundida este viernes en el BOE). La comisión que preside Cani Fernández indica que es un plazo de tiempo razonable para asegurar la adaptación de los operadores al nuevo entorno regulatorio, con la excepción de la obligación de presentar una contabilidad de costes regulatoria, cuyo cese es inmediato