En un informe, la entidad dice que es "llamativa" esta escasa presencia "si se compara con la práctica de otros países de nuestro entorno, que suelen aprovechar estas iniciativas para reforzar su imagen entre los territorios y las poblaciones beneficiarios de la financiación".

En el contexto del nuevo marco legal de cooperación que se está discutiendo en el Congreso, el Club de Exportadores e Inversores cree que deberían “dejarse atrás algunos conceptos obsoletos que hacen que la operativa de los créditos españoles para ayuda al desarrollo se encuentre muy alejada de la de nuestros vecinos europeos”.

Entre otras medidas, el Club de Exportadores propone que los créditos para proyectos de ayuda al desarrollo, al tiempo que contribuyen al cumplimiento de sus fines, puedan ser aprovechados para fortalecer la imagen de España en el exterior, tal y como hacen otros países de nuestro entorno, no limitándose únicamente a ser una fuente de recursos financieros para otros donantes. Además, considera que la ayuda financiera en forma de préstamos debería apoyar, dentro de los países beneficiarios, a aquellos sectores en los que las empresas españolas tienen reconocido prestigio mundial por su tecnología y know-how.

El Club de Exportadores cree igualmente necesario que se vuelvan a consignar fondos para asistencias técnicas de carácter no reembolsable. “De esa forma se podría disponer de estudios y análisis que favorezcan la toma de decisiones vinculadas a proyectos de desarrollo que además sirvan a los objetivos nacionales españoles. No olvidemos que la política española de cooperación al desarrollo forma parte de la acción exterior del Estado”, sostiene el informe. Asimismo, sugiere favorecer la colaboración con otros instrumentos financieros europeos para potenciar la presencia de empresas españolas, cofinanciando, por ejemplo, operaciones con la Unión Europea a través de “blending” (financiación combinada) o de concesión de garantías.

El club considera imprescindible dotar de mayor agilidad operativa a los procesos de financiación, de manera que se vea sustancialmente “reducida la actual burocracia y complejidad en la toma de decisiones”. “Convendría realizar un análisis en profundidad para determinar si la mejor forma de hacerlo sería mediante la creación de un nuevo fondo sin personalidad jurídica propia, como propone el Proyecto de Ley, o mediante instrumento o entidad de financiación con personalidad jurídica propia”, indica el estudio.

Desde diciembre de 2010, los créditos de ayuda al desarrollo que despliega el Estado español se canalizan a través del Fondo Español de Promoción al Desarrollo (Fonprode), cuya gestión recae en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Con su creación se persiguió dotar a la política de cooperación de un instrumento financiero adecuado y facilitar que la Ayuda Oficial al Desarrollo de España alcanzase el 0,7% del PIB. Ahora, en el contexto de la reforma planteada, se prevé su transformación en el Fedes (Fondo Español de Desarrollo Sostenible sin personalidad jurídica propia).

Actualmente, el valor de la cartera de préstamos del Fonprode asciende a más de 500 millones de euros en 65 países, situados principalmente en África y Latinoamérica. La cartera se substancia mediante aportaciones financieras a proyectos liderados por Organismos Multilaterales o por terceros, de los cuales dos terceras partes se dirigen a sectores como desarrollo de comunidades rurales o microfinanzas. La tramitación de los créditos Fonprode es lenta y burocrática, llegando a intervenir hasta 8 instancias españolas diferentes, concluye el estudio.