La entidad ha elaborado un informe titulado ‘El buen funcionamiento de la justicia como factor de competitividad y de atracción de la inversión en España’, del que es autor Juan S. Mora-Sanguinetti, economista senior del Banco de España.

El estudio señala que el funcionamiento de la justicia afecta a los flujos de crédito, a la decisión de crear empresas y a la inversión empresarial, y todos ellos funcionan mejor si el sistema judicial es más eficaz.

“Si un sistema judicial es muy lento, deviene en un instrumento costoso y muy poco predecible”, haciendo que el país reduzca su atractivo como destino de inversión extranjera, apunta Mora-Sanguinetti.

El autor explica que España está en niveles similares a los países de su entorno en tiempo medio de resolucion de un contencioso civil en primera instancia o en costes de litigación, pero "esto no debería llevarnos a la complacencia, en tanto que la justicia es un importante elemento de desarrollo económico, que afecta a la inversión, al dotar de mayor seguridad jurídica al mercado”, asegura Mora-Sanguinetti.

Para este experto, la justicia española “muestra signos de estancamiento en el largo plazo y sufre además de una importante variabilidad regional”, toda vez que las provincias y regiones más pobladas de España muestran una mayor congestión judicial”.

BUENA ESTADÍSTICA

Con el fin de reforzar el atractivo de España como destino de inversión extranjera, el Club de Exportadores recomienda mejorar el sistema judicial, para lo cual sugiere primar la digitalización y seguir apostando por tener una buena estadística judicial. El informe recuerda que los países que invierten una mayor proporción de su presupuesto en tecnologías de la información y digitalización (TICs) muestran menores duraciones en sus procedimientos. Asimismo, la productividad de los jueces se incrementa cuanto mayor es el presupuesto en TIC.

Otra propuesta del club es el fomento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, que en la práctica suelen ser más ágiles y rápidos que los procedimientos judiciales ordinarios. A este respecto, algunos países han utilizado incentivos fiscales para incentivar el empleo de estos mecanismos por parte de las empresas.

Finalmente, aconseja a los legisladores un esfuerzo para reducir la complejidad de la regulación, que constituye uno de los aspectos que explicarían la alta litigación que se registra en España en el campo mercantil y que puede suponer un desincentivo para atraer más inversión extranjera y para el crecimiento y desarrollo empresarial.