Durante el simposio, que ha sido organizado por IU, destacados juristas han interambiado puntos de vista sobre las propuestas básicas que desde posiciones de izquierda deben fundamentar la construcción de una política penal y penitenciaria, según un comunicado hecho público por IU.

En la jornada inaugural, celebrada ayer, la portavoz de IU en la Cámara Baja, Rosa Aguilar, destacó la importancia de aprobar un Código Penal que, superando al viejo texto vigente, ajuste sus postulados a los principios propios de un Estado social y democrático de derecho.

Mercedes García Arán, catdrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, desarrolló el análisis de la parte general del proyecto de Código Penal. Criticó el avance en la concepción retributiva de la pena que supone el llamado "cumplimiento íntegro", en detrimento de la orientación constitucional a la reinserción social.

El último ponente de la sesión de ayer, Ramón Saez Valcárcel, magistrado de los juzgados de instrucción de Madrid, puso de relieve la excesiva proliferación de tipos delictivos en el nuevo proyecto deCódigo Penal y abogó por una amplia despenalización de conductas relacionadas con la desobediencia civil, como la insumisión, así como el tráfico de drogas, la eutanasia, el aborto y los delitos contra el honor y el desacato.

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, explicó el tratamiento que en el nuevo Código se dará a los delitos contra las personas y se pronunció favorablemente a la despenalización de la eutanasia en los supuestos de enfermedad incurable, coma irreversible y de personas fucionalmente incapaces de quitarse la vida cuando así lo soliciten, una vez tenidos en cuenta los diagnósticos médicos y psicológicos pertinentes.

DELITOS SOCIETARIOS

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla Francisco Muñoz Conde señaló la inconveniencia de la regulación autónoma de los delitos societarios, conductas que, en su opinión, son falsedades documentales, estafas o apropiaciones indebidas y, sin embargo, tienen penas inferiores a estos delitos.

Por su parte, ManuelaCarmena, jueza decana de los Juzgados de Madrid, aludió al "patente fracaso" de la política criminal y propuso, en el ámbito de la prevención, crear un Instituto de Seguimiento de la legislación y la política criminal, encargado de analizar no sólo los delitos sino el cumplimiento de la legislación penal.

En cuanto a la política penitenciaria, apuntó la conveniencia de sustituir el concepto de reinserción por el de normalización de la conducta, la incorporación al Código Penal de penas flexibles, una ayor papel de los jueces de vigilancia penitenciaria y la incorporación de la sociedad en los procesos de normalización, mediante el voluntariado.

La ponencia de José Antonio García Marijuán, psicólogo y funcionario de Instituciones penitenciarias, versó sobre el plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios, que, a su juicio, supone el exponente de una política "faraónica y economicista", que complicará el "desarrollo armonizado" del sistema penitenciario.