Los ciudadanos que más se quejan sobre el funcionamiento de la justicia siguen siendo los mismos que en 1999: los catalanes, seguidos de los madrileños y de los valencianos; mientras que los riojanos, los navarros y los extremeños parecen ser los más satisfechos con el funcionamiento de los tribunales.

En el 2000, la gran mayoría de las quejas fueron presentadas por ciudadanos particulares (81,9%), cuando sólo el 15,4% fueron planteadas por los abogados, y un porcentaje aún menor (2,6%) por procradores.

El 38% de las quejas versaron sobre la dilación de los procesos judiciales, mientras que el 18% criticaron la organización de los tribunales y un 13% protestaron por el trato que recibieron por parte de funcionarios de la Administración de Justicia.

De todas las reclamaciones que se presentaron el año pasado, el 64% (1744) se tramitaron ante los propios tribunales, mientras que el 36% (969) lo fueron ante el CGPJ. Es decir, se ha producido una tendencia inversa a la registrada en 1999, cando el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados estudió el 75% de las peticiones.

La primera oficina de atención al ciudadano se ubicó en la sede del CGPJ y comenzó a funcionar en marzo de 1999, posteriormente se fueron abriendo en los diversos juzgados y tribunales, con el fin de que los españoles pudieran manifestar allí sus quejas sobre el funcionamiento de la administración de justicia, así como las sugerencias que consideren oportunas.

En estas oficinas, los ciudadanos, además de pesentar sus sugerencias y reclamaciones, pueden recibir información sobre la ubicación y funcionamiento de los juzgados y tribunales o de los requisitos necesarios para iniciar en un proceso o intervenir en otro ya iniciado, entre otros detalles.

Además, los ciudadanos también pueden recabar en estas oficinas información sobre el estado en que se encuentra el procedimiento del que son parte interesada, así como sobre quiénes intervienen en el mismo.