Según explicó hoy el consejero portavoz de la Junta, Emiliano García Pje, el decreto, que entrara en vigor una vez que reciba el visto bueno del Consejo de Estado, pretende compatibilizar la actividad cinegética con el derecho de los ciudadanos de transitar por estas vías.

Esta norma establece sanciones de hasta un millón de pesetas y la suspensión de la actividad cinegética durante un plazo comprendido entre 1 y 5 años para las infracciones tipificadas como graves.

En Castilla-La Mancha existen 648 vías pecuarias y caminos de titularidad pública que representan ceca de 12.000 kilómetros de senderos. En cuanto a los cotos de caza, de los 620 de caza mayor existentes en la región, que ocupan cerca de un millón de hectáreas, más de 200, un 33% están cercados y vallados.

El decreto indica que la actividad cinegética no podrá causar en ningún caso limitaciones directas o indirectas al libre tránsito por los caminos y vías de uso público que discurren por terrenos acotados".

A juicio del consejero portavoz, "esta norma responde a la búsqueda del interés generalpara que en la comunidad autónoma puedan y deban convivir sin conflicto la práctica del senderismo, de la acampada o del simple paseo por el campo, con la afición a la caza y la explotación de los recursos cinegéticos".