"El actual Gobierno español ha iniciado reformas jurídicas que parecen tender a debilitar la protección jurídica del propio Estado de derecho, así como a conceder o completar la impunidad a los autores de graves delitos cometidos en 2017 contra la integridad territorial, la integridad del Estado de derecho y el presupuesto”, avisa en una carta dirigida a los comisarios Didier Reynders y Vera Jourová, responsables de Justicia y Valores y Transparencia de la Comisión Europea, respectivamente.

En dicha carta, alude a las revelaciones realizadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, respecto a los pactos con el Gobierno sobre el incumplimiento de las sentencias sobre el español, la eliminación del delito de sedición, e incluso la reforma sobre los delitos de malversación, todos ellos relacionados con líderes independentistas catalanes.

Pagazaurtundua llama la atención respecto a estas acciones, y especialmente la modificación del Código Penal, porque “tienen por fin la impunidad de delincuentes o presuntos delincuentes, así como debilitar la protección legal de la integridad territorial del Estado hacia el futuro”.

“Resulta preocupante la construcción intencionada de ese medioambiente específico que, a través de reformas combinadas, debilita la protección del Estado frente a los ataques que líderes de partidos secesionistas propiciaron; creando una vulnerabilidad evidente también para el futuro de nuestra democracia”, destaca.

A su juicio, "pactar leyes para evitar el cumplimiento de las penas en delitos graves es una forma de corrupción del Estado de derecho difícilmente imaginable para la Unión Europea, pero es real”.

Una eventual reforma del delito de malversación de fondos públicos, con el objetivo de reducir las penas, según la eurodiputada, también concurriría contra el principio básico del buen gobierno, pues esta iría en contra del artículo 9 de esta Ley, que aboga por la gestión, protección y conservación adecuada de los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas.

Basándose en la legislación que obliga a las Administraciones al buen gobierno, Pagazaurtundua añadió que "aliviar las penas de determinados delitos para satisfacer intereses políticos es una muestra de irresponsabilidad que va contra la ley y contra los principios del derecho penal, que debilita tanto al poder judicial como institución como al entramado institucional democrático".