Entre ellas, destaca la adquisición por parte de la Administración General del Estado de 30.000 viviendas, y otras 10.000 por parte de las administraciones autonómicas, para destinarlas a la constitución de un verdadero parque público de viviendas de alquiler.

Según ha explicado CiU en un comunicado, se pretende conseguir la movilización del stock de viviendas vacías y contribuir a reactivar el sector.

Macias indicó que en la actualidad existe un stock de viviendas vacías importante y, al mismo tiempo, existe una gran demanda de ciudadanos que quieren adquirir un piso y tienen dificultades para ello.

Para dar solución a esta situación, Macias propone en la moción la adquisición por parte de las administraciones públicas de una bolsa de 40.000 viviendas, cuyo coste se estima en 6.000 millones de euros para el Estado (por la adquisición de 30.000 viviendas), y 2.000 millones para las administraciones autonómicas (por la compra de las 10.000 restantes).

El Plan consistiría en que los promotores de dichas viviendas se comprometerían a construir otras 40.000 viviendas destinadas también a alquiler.

La construcción de estos nuevos inmuebles, argumentó el diputado de CiU, tendría efectos "muy positivos" en la generación de empleo, además de que generaría ingresos para las arcas públicas a través de la recaudación de impuestos.

Respecto al empleo, Macias precisa que la construcción de estas 40.000 viviendas se traduciría en la generación de 100.000 empleos, ya que se calcula 2,5 puestos de trabajo por cada nueva vivienda. Ello, puntualizó, supondría en el ahorro de prestaciones por desempleo y en incremento de cotizaciones sociales por parte de las administraciones de 1.380 millones de euros.

A esta cuantía debe sumarse, agregó el portavoz de Vivienda de CiU, el aumento de los ingresos que recaudarán las diferentes administraciones públicas vía impuestos, más concretamente, a través del IVA, Transmisiones Patrimoniales, Plusvalías Municipales, así como por las cotizaciones del IRPF de los trabajadores y los tributos por IRPF correspondientes a las plusvalías obtenidas y por el Impuesto de Sociedades, todo ello valorado en 1.200 millones de euros.

Otra de las propuestas de CiU en su moción es la destinar un porcentaje, no inferior al 10%, del Fondo de Adquisición de Activos Financieros a la compra de activos vinculados a la actividad inmobiliaria, para así dotar de liquidez al sector y facilitar la continuidad de su actividad.