La Cámara Baja decidirá si admite o no a trámite estas iniciativas parlamentarias, que ambos grupos nacionalistas han presentado en diversas ocasiones con distintas fórmulas. Tanto CiU como el PNV esgrimen para ello varias sentencias del Tribunal Constitucional que, en su opinión, "contradicen la pretensión del Gobierno.

El grupo catalán indica que la competencia de relaciones internacionales atribuida al Gobierno Central del Estado constituye una limitación para la competencia exclusiva de las instituciones autonómicas en materia deportiva", y recuerda que las federaciones deportivas son organizaciones privadas, por lo que no se les debe aplicar las limitaciones que afectan a entidades de carácter público.

Por ello, CiU reclama al Gobierno que impulse las disposiciones legales oportunas para hacer efectiva la competencia exclusiva de las autonoías en materia deportiva; y para promover la integración directa de las federaciones deportivas que así lo decidan en las correspondientes federaciones deportivas internacionales.

Pide también que impulse las medidas necesarias para facilitar la participación de las selecciones deportivas de Cataluña y de las comunidades autónomas que así lo decidan en las actividades y competiciones internacionales organizadas por éstas con carácter oficial.

Por su parte, el PNV insiste en que "según el sistema e distribución competencial vigente, son las federaciones autonómicas, reconocidas y tuteladas por las Comunidades Autónomas únicas competentes en materia de deporte, las instancias decisivas en los procesos de integración en las estructuras deportivas de ámbito territorial superior, sea éste intraestatal o supraestatal".

"Esta circunstancia permite a aquellas comunidades autónomas que gocen de una fuerte identidad cultural y política y de una dinámica social interna que reclama una expresión propia yespecífica en el concierto deportivo internacional", prosigue.

Al igual que CiU, quiere que el Ejecutivo realice los cambios organizativos necesarios para ejecutar la competencia autonómica en materia deportiva en su sentido estricto; y que facilite la integración de las selecciones autonómicas que así lo decidan en las estructuras deportivas internacionales y en las competiciones pertinentes.

Finalmente, emplaza al Gobierno a que, "en virtud de la lealtad que dice profesar al sistema constitucioal de distribución territorial de poder, ponga todos los medios a su alcance con el fin de hacer saber a las estructuras deportivas supraestatales que el sistema de distribución competencial resultante de la Constitución de 1978 permite a las federaciones deportivas autonómicas que lo deseen integrarse directamente en las correspondientes estructuras deportivas internacionales".