Los convergentes basan su petición en que el diferencial del gasto sanitario español con la media europea es de medio punto del PIB, lo que equivaldría a aumentar la financiación e la sanidad en 350.000 millones de pesetas para llegar al mismo nivel que los otros países comunitarios. A esta cifra añaden una serie de ineficiencias que arrastra el sistema, que CiU estima que tienen un coste de 800.000 millones de pesetas.

En su reciente comparecencia ante la subcomisión del Congreso que estudia el tema, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, calculó que el diferencial español con la media europea sólo es de 0,2 puntos de PIB, unos 140.000 millones de pesetas. Sin embaro, las mismas fuentes nacionalistas reconocen que en un sólo año no se pueden satisfacer sus peticiones, con lo que creen que como primer paso sería suficiente con subir el gasto sanitario un 7% el año que viene.

Estiman, en contra de la opinión del Gobierno, que el sistema es deficitario y que esa carencia de financiación debe enjugarse paulatinamente durante los próximos años con aumentos del gasto moderadamente superiores al incremento del PIB nominal.

El grupo catalán cree que también deben icluirse entre las insuficiencias financieras los costes derivados de la existencia de listas de espera de 6 meses, del pago a los proveedores a 400 días vista, de la imposibilidad de abrir 3 nuevos hospitales del Insalud por falta de presupuestos y de los gastos financieros derivados de la insuficiente financiación. Todo ello suma, según sus estimaciones, esos 800.000 millones de déficit.

A pesar de estas diferentes posiciones de partida, CiU confía en que llegará a un acuerdo con el Gobierno antes definal de mes. De hecho, esperan que el avance de las negociaciones quede patente en la comparecencia del ministro de Economía, Rodrigo Rato, ante la subcomisión que estudia la financiación de la sanidad convocada para el martes día 22.

Según las fuentes consultadas, el nuevo modelo de distribución de recursos se basará en el de capitación, vigente hasta ahora, corregido con arreglo a criterios de edad de la población, gastos en servicios, atención a desplazados y precios relativos en cada comunidad auónoma.

De acuerdo con estas normas se deberían crear tres fondos que se financiarían separadamente para alimentar el sistema sanitario propiamente dicho, las infraestructuras sanitarias y los complementos necesarios para garantizar un nivel básico de servicios mínimos en todas las comunidades autónomas.