En un comunicado, el portavoz de CiU para Cooperación Internacional, Carles Campuzano, se quejó de la "desidia" y los "reiterados incumplimientos" del Gobierno en esta materia, ya que hace cinco años que debería haber regulado la situación de los cooperantes.

La proposción de ley trata de regular quién es cooperante, cuáles son sus derechos y obligaciones, su situación dentro del Régimen General de la Seguridad Social, la formación, la homologación del tiempo servido como cooperante y las creación de un Registro público de cooperantes en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Entre los derechos del cooperante estipula, entre otros, el abono de los gastos de viaje para el cooperante, cónyuge y sus hijos; la protección consular, la concesión de ayuds al estudio, la certificación acreditativa de las funciones desempeñadas y la duración, la atención médica gratuita, un procedimiento especial de reinserción profesional y a vacaciones.

Por otro lado, el cooperante estará obligado a mantener la confidencialidad, a evitar realizar actos que pudieran repercutir negativamente al desarrollo de la actividad para el que ha sido contratado y a respetar las instituciones, autoridades y costumbres del país donde se encuentra siempre que no vulneren los derechs humanos.