Según un comunicado difundido hoy por el mencionado grupo, hasta la fecha se supone que es el propio deudor quien debe informar al juez de cuáles son los bienes o cuentas bancarias que pone a disposición del acreedor para hacer efectiva una resolución judicial.

Sólo en el caso de que el juez estime que tal información es incompleta y si el acredor, por sus propios medios, no es capaz de indicar qué bienes pueden ser embargados, el juez podrá, si lo estima oportuno, dirigirse a la Agencia Tributaria o a otros organismos públicos para investigar el patrimonio del deudor.

El resultado, siempre según los nacionalistas catalanes, es la proliferación de instituciones como el "cobrador del frac" o la "frustración" de muchos empresarios, en particular pequeños y medianos, para los que resulta prácticamente imposible la recuperación de créditos "derelativamente poca cantidad".

La propuesta de CiU, que coincide con lo adelantado por numerosas decisiones de las audiencias provinciales, es convertir tal facultad en una obligación para el juez, que estará obligado a dirigirse desde el primer momento del periodo de ejecución a la autoridad tributaria o a la Seguridad Social.