Los portavoces de la Entesa, Isidre Molas, y de CiU, Francesc Xavier Marimón, acompañados de los senadores Jaume Cardona (CiU) y Ramón Espasa (PSC), explicaron en rueda de prensa el contenido de una propuesta legislativa que persigue ampliar los derechos de autonomía, información y dignidad de todo paciente que ha de someterse a una intervención médica.

La proposición de ley sobre los derechos de información concerniente a la salud y a la autonomía del paciente y la documentación clínica, denoinada "Ley de Testamento Vital", ya fue aprobada en el Parlamento de Cataluña. Ahora, los grupos proponentes quieren trasladar idéntica legislación al resto del territorio español.

Los tres derechos básicos que aporta como novedad a la vigente Ley General de Sanidad, según explicaron, son el refuerzo de la autonomía del paciente a decidir en función del cuadro clínico establecido por los médicos que le atienden, el de recibir una detallada y veraz información sobre el mismo y el de rechazar libre y vountariamente la realización de los tratamientos o pruebas médicas que consideren oportunos los médicos.

El senador de la Entesa Ramón Espasa lo resumió del siguiente modo: "Con esta ley se refuerza la autonomía de la persona, que ya no sigue ciegamente los dictados del médico, pretendido conocedor absoluto de la verdad, sobre el paciente, sino que él también participa con el médico sobre si ha de ser operado o ser sometido a ésta o aquélla otra prueba".

"Nada que ver con la eutanasia en todas susexpresiones posibles", apuntaron al unísono todos los senadores presentes. Precisamente, este es el aspecto de la legislación propuesta en el que se hace más hincapié, puesto que, afirmaron, no se trata de establecer tanto el derecho de un paciente a ordenar la interrupción del tratamiento que le mantiene con vida como el de poder elegir qué tipo de terapia médica le ha de ser aplicada, con independencia de la opinión del médico.

En este punto, Espasa insistió en la importancia de que el paciente teng garantizado por completo el derecho a la información sobre su dolencia, para poder así decidir sobre la aplicación de uno u otro tratamiento.

Con esta ley, "los enfermos tendrán muchas más garantías, puesto que tienen el derecho de ser informados de forma clara y entendible de los tratamientos o pruebas invasivas diagnósticas a que pueda ser sometido, para así decidir si quieren o no ser sometidos a las mismas", señaló.

Otro aspecto destacado de la ley presentada es el referido al derecho de tod paciente a expresar "unas voluntades anticipadas", esto es, el poder establecer con anterioridad a que sufra un accidente o le sea diagnosticada una dolencia cualquiera el tratamiento que se le debe aplicar.

Estas llamadas "voluntades anticipadas", aclararon sus proponentes, tendrán siempre dos límites: "el del Código Penal y el de la buena praxis médica o plasmada en el buen hacer de los médicos y en los códigos deontológicos que regulan la profesión médica".

En cualquier caso, una persona podr, bien ante notario o ante dos testigos adecuados, decidir qué tratamientos desearía que no le fuesen practicados en el futuro. No obstante, tampoco se podrá obligar al médico a realizar prácticas que estén prohibidas en la legislación vigente.

Por último, la proposición de ley establece el derecho de todo paciente a conocer su historial clínico. Hasta ahora, la historia médica está considerada propiedad de la comunidad científica, esto es, de los centros de salud, hospitales, etcétera, sin que pueda ener acceso a la misma el paciente interesado.

Con la legislación propuesta el historial médico será también propiedad del paciente, quien podrá pedir copia para su conocimiento o cualquier uso que quiera hacer de él.