Según el estudio "Condiciones de vida y trabajo de los agricultores y ganaderos españoles", un 89 por ciento de éstos sólo trabajan en su propia explotación en la que, además, participan otros miembros de su propia familia, principalmente el cónyuge o sus hijos.

Sin embargo, el futuro de estas expltaciones familiares tienen difícil su continuidad, ya que como afirman la mitad de los propietarios no tienen a nadie que les vaya a suceder. Sólo un 15,2% sí tienen asegurada la sucesión con alguno de sus hijos, y un 13,9 confían en esa posibilidad.

Los agricultores explican que la razón para no tener asegurada la explotación en el seno familiar es que no tienen hijos ni nadie que les suceda (33,8%), o ninguno de sus hijos quiere quedarse en el campo (32,3%).

También influye en esta situación elhecho de que los propios padres reconocen que lo mejor para el futuro de sus hijos es darles estudios (una media del 75%), antes que dejarles una buena explotación (alrededor del 5%).

Preguntados por cúal es el principal problema que tiene el campo en España, un 20,3% responde la evolución de los precios recibidos por los agricultores, en segundo lugar la falta de unión en el propio colectivo (18%) y, en tercer lugar la falta de política agraria (17,6%).

PLENAS COMPETENCIAS

Así, consideran que a forma de mejorar el futuro de la agricultura española es que los gobiernos de las autonomías tengan plenas competencias en materia de agricultura. En su opinión, así es más fácil tratar con la Administración, ésta conoce mejor los problemas de los agricultores y está más interesada en defender los intereses de los agricultores.

No obstante, también hay quienes ven efectos negativos en que las autonomías adquieran plenas competencias porque creen que entonces hay más diferencias entre unas comunidade y otras y porque no se sabe a quién reclamar ni quién es el responsable.

Respecto a la influencia que ha tenido y tiene para España la incorporación a la Unión Europea, consideran este hecho más beneficioso para la sociedad y la economía española en general que para la agricultura, ya que aseguran que el ingreso ha supuesto graves restricciones y limitaciones a las producciones españolas y les ha hecho más dependientes de las subvenciones.

Asimismo, también reconocen que ha supuesto efectos posiivos, como el de favorecer la modernización y la competitividad de la agricultura española y el de mejorar la calidad de las producciones.

La encuesta se realizó en municipios de menos de 30.000 habitantes sobre una población de agricultores directos, titulares de explotación, de entre 18 y 65 años de edad. Se empleó una muestra de 3.400 entrevistas, de las que se realizaron 3.371, entre el 7 de marzo y el 30 de abril de 1998.