Además, esta normativa puede ser utilizada como base legal en caso de incumplimiento por parte del prestador del servicio, y prevé indemnizaciones y reparación de los posibles desperfectos causados.

Así consta en la primera sntencia en la que se aplicó esta ley a un asunto de cirugía estética, que finalizó con una condena de más de 2 millones de pesetas al médico que realizó la operación y la obligación a la clínica de volver a operar a la paciente para rehacer los destrozos causados en la primera intervención quirúrgica.

La clave del fallo, dictado por la Audiencia Provincial de Valencia y que se utiliza actualmente como jurisprudencia, según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas, es la obligación que tienen los facutativos de advertir sobre la posibilidad de que no se obtengan los resultados esperados.

Según la sentencia, es parte de las obligaciones de la clínica "informar al cliente" sobre los "riesgos que puede sufrir en tales intervenciones" y, además, este hecho "cobra particular importancia en las intervenciones de cirugía plástica, pues frente a otras relaciones contractuales médicas, en éstas prevalece la idea del resultado a obtener", dice el fallo.

PEZONES PLANOS

En la sentencia de referencia, ua mujer se sometió a una operación de cirugía estética para reducción de pechos, de la que no salió bien parada. El juez condenó al médico a costear el precio de la intervención, de la repetición de la operación y una indemnización de un millón de pesetas por daños morales.

Según el fallo, tras someterse a la citada intervención, el resultado fue "una reducción excesiva para su anatomía, el pecho izquierdo de mayor tamaño que el derecho, los pezones excesivamente pequeños y planos, orientados hacia abjo y el izquierdo no centrado en la aureola, siendo éstas de forma no circular y asimétricas".

Por si fuera poco, continúa la sentencia, las cicatrices resultado de la operación eran "excesivamente altas, largas y, además, asimétricas".

Con todo ello, la mujer sufrió una "fuerte depresión", que condujo a los jueces a imponer al médico que la operó a abonarla un millón de pesetas en concepto de daños morales.