Las estadísticas del sector reflejan el escaso hábito existente en España de mantener en buenas condiciones de habitabilidad la prpia casa, mediante reformas parciales o generales si llega el caso, ya que buena parte de las operaciones de rehabilitación, se hacen con motivo de la compra-venta de una vivienda usada, bien antes de la operación, para que resulte más atractiva en el mercado o bien por parte del comprador antes de vivir en ella.

Además, los constructores y promotores inmobiliarios consultados por esta agencia señalaron que estas cifras están en el origen de la reforma legal que pretendía introducir el proyecto de Leypara la Edificación, al que la convocatoria de elecciones generales para el 6 de junio "le sorprendió en el horno".

Uno de los aspectos que pretendía regular la ley era el de que todas las personas que intervienen en la edificación, desde el arquitecto hasta el usuario, asumieran sus responsabilidades en la construcción y adecuado mantenimiento del edificio, para lo que fijaba la obligatoriedad de aportar al comprador de la casa un manual de uso de la vivienda que le impidiera alegar desconocimiento e el caso de un siniestro provocado por uso irracional.

No obstante, los promotores y constructores consideran que la regulación que pretendía la ley, es sólo un 50 por cien de los cambios que requiere el mercado de rehabilitación, porque entienden que existen trabas fiscales que impiden un mayor desarrollo de esta actividad en España.

Los operadores del sector opinan que es necesario fomentar las ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas, porque las últimas reformas legislativas sobre el rgimen fiscal de las viviendas no han variado sustancialmente las cargas tributarias que deben soportar quienes acometen una obra de rehabilitación.

Las medidas de financiación para reformas recogidas en el Plan de Vivienda 1992-1995 exigen que las casas para las que se soliciten ayudas de rehabilitación tengan más de 10 años, y que el presupuesto a subvencionar supere las 500.000 pesetas por vivienda, que no podrá superar los 120 metros útiles.