El activista, Huang Qi, ayudó a padres que perdieron a sus hijos cuando se derrumbaron centros escolares durante el terremoto a emprender acciones legales contra las autoridades locales porque las familias apuntaron que la corrupción política provocó la mala construcción de los edificios y su posterior desplome.

Qi será juzgado a puerta cerrada en el Tribunal Popular del Distrito de Houwu, en la ciudad de Chengdu, bajo la acusación de "explotación ilegal de documentos clasificados como altamente secretos". En el caso de ser condenado, se enfrenta a una pena máxima de tres años.

La directora de Amnistía Internacional en Asia, Madhu Malhotra, ha subrayado que, "después de más de 13 meses de detención, Huang Qi sufre serias condiciones de salud, incluidos dos tumores que se han desarrollado desde entonces, y se teme que no haya recibido un tratamiento médico adecuado".

Amnistía Internacional ha afirmado que estas detenciones forman parte de la política de las autoridades chinas de dificultar las actividades de los defensores de los derechos humanos en el país.

Esta organización ha pedido a las autoridades chinas que dejen de perseguir por motivos políticos a Huang Qi y que le pongan en libertad inmediata e incondicional.