Para los magistrados del Supremo, los tribunales españoles tienen jurisdicción para conocer de la querella contra Brady, de acuerdo con la doctrina sentada en la sentencia del "caso Guatemala" y que estableció la competencia de nuestra país para investigar crímenes cometidos contra españole en otros países. En este caso, se trata de investigar la muerte de Soria y de dos sacerdotes españoles.

De esta forma, anula la decisión por la que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió, en mayo de 2002, no investigar el caso por considerar que el criterio establecido por el Tribunal Supremo en el "caso Otegi" le impedían hacerse cargo de la causa.

Este caso se refiere a la querella que la Fiscalía presentó contra Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, por grita en un acto celebrado en Francia "Gora Euskadi ta askatasuna", lo que el Ministerio Público interpetró como un apoyo expreso a ETA (al coincidir la frase con las siglas de la banda terrorista).

Sin embargo, el Supremo decidió no investigar el caso, argumentando que las palabras de Otegi fueron un supuesto delito de apología del terrorismo, no de terrorismo propiamente dicho, por lo que la justicia española no puede actuar contra el portavoz de Batasuna, ya que pronunció la frase en Francia y los tribuales españoles no pueden perseguir un delito de apología del terrorismo cometido en el extranjero.

Los magistrados de la Audiencia Nacional se agarraron a este criterio para señalar que "no puede hacerse aplicación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal española para perseguir unos hechos acaecidos en Chile hace más de 25 años, cuando el propio Tribunal Supremo nos da una pauta contraria a la hora de enjuiciar hechos sucedidos en Francia el 30 de marzo de este año, consistente en una de las conductas que más daño están haciendo a la sociedad española".

Sin embargo, el Tribunal Supremo les responde que en el "caso Otegi" no se examinó expecíficamente el ámbito de la jurisdicción española para conocer de hechos cometidos en el extranjero, "sino concretamente si el hecho imputado al parlamentario autónomico vasco Sr. Otegui era, o no, potencialmente constitutivo de un delito de terrorismo en el ámbito internacional".

ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA

Con la decisión tomada ahor por el Supremo, recobra vigencia la orden de busca y captura internacional que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó contra Brady, al admitir a trámite la querella contra el ex militar.

La querella contra Brady Roche fue presentada por los delitos de genocicio, terrorismo y tortura presuntamente perpetrados en la persona del diplomático español y representante de la ONU Carmelo Soria.

Según el auto dictado en su día por Garzón, Carmelo Soria, que trabajaba en el Centro Latinoameicano de Estudios Demográficos (CELADE), con sede en Chile, fue detenido en la tarde del 14 de julio de 1976, cuando unos miembros de la DINA disfrazados de carabineros pararon su vehículo con matrícula de la ONU.

En el momento de su secuestro, Carmelo Soria, de 55 años, se dirigía a su casa. Sin embargo, fue trasladado hasta el barrio Lo Curro, donde le aplastaron el pecho, provocándole una doble fractura de la columna vertebral que le produjo la muerte. El dictamen de la autopsia revela que el funcinario de la ONU falleció por un "estrangulamiento realizado por una persona de gran corpulencia".

Al día siguiente, los torturadores despeñaron el coche con el diplomático dentro por una ladera de Santiago. Según la versión del régimen de Pinochet, Carmelo Soria murió en un accidente de tráfico, cuando conducía bajo la influencia del alcohol.

Para Garzón, los autores materiales del asesinato fueron cinco miembros de la DINA: Raul Eduardo Iturriaga Neumann, director de Operaciones de ésta, el mayo del Ejército René Patricio GuilhotPalma, los capitanes Jaime Enrique Lepe Orellana, Guillermo Salinas Torres y Pablo Belmar Labbé.

AUTOR MEDIATO

Garzón considera que Brady Roche fue autor mediato del asesinato de Soria, junto con Augusto Pincohet, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Enrique Montero Marx, Raul Benavides Escobar, Mönica Madariaga Gutiérrez, Sergio Fernández Fernández, Ernesto Julio Baeza Michaelsen y Julio Polloni Pérez, ya fallecido.

Brady Roche, de 83 años de eda era ministro de Defensa en la fecha en que asesinaron a Carmelo Soria. Cuando se produjo el golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, tenía el grado de general de División del Ejército y ocupaba el cargo de comandante en jefe de la II División del Ejército, con sede en la capital, así como jefe de la guarnición de Santiago.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Eduardo Fungairiño, se ha caracterizado por su continua oposición a investigar los sumarios sobre los desaparecidos en las dicaduras militares de Chile y Argentina.

Este caso comenzó en 1997, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón admitió a trámite la querella presentada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Pinochet y otros mandatarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile por un presunto delito de genocidio cometido durante la dictadura, concretamente, por la desaparición asesinato de 4.000 personas.

Posteriormente, en 1998, Garzón se hizo cargo del caso, después de que Gacía Castellón decisión abandonar la investigación e inhibirse a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien investigaba las desapariciones y asesinatos perpetrados en la dictadura de Argentina. Ambas causas se unificaron al tener nexos comunes, como la denominada "Operación Cóndor".