En un auto difundido hoy, el magistrado rechaza una a una todas las alegaciones realizados por el fiscal Ignacio Peláez, quien, siguiendo las directrices del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, se opuso a que en este sumario se pueda hablar de delitos de genocidio, terrorismo o torturas, al tiempo que negó la competencia de los tribnales españoles para continuar la investigación.

El juez asegura que el delito de genocidio se refiere a la desaparición de un grupo nacional concreto que sí se puede aplicar en este caso, puesto que se trató de un grupo de personas "unidas en su mayor parte por el nexo de pertenecer a una ideología política muy concreta".

Sobre el terrorismo, el juez apunta que este concepto debe entenderse como la "utilización de la violencia como medio de actuación política", y así lo aprecia en la actuación dl sistema represor dirigido por Pinochet.

Con esta decisión, el juez recupera definitivamente su competencia para seguir investigando este sumario, que previsiblemente será recurrido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por lo que será la Sala de lo Penal de este organismo la que decida definitivamente, sin que momentáneamente puedan ser interrumpidas las investigaciones.

SATISFACCION

Las acusaciones que participan en este sumario acogieron con gran satisfacción la decisión del juez de coninuar con las investigaciones.

En declaraciones a Servimedia, Joan Garcés aseguró que "es un paso muy importante porque ahora ya no se paraliza la investigación y podemos seguir realizando diligencias".

"Al fiscal ya sólo le queda el recurso del pataleó", insistió el letrado, con quien coincidió también Manuel Murillo, defensor de otra de las acusaciones, quien confió en que sea "el punto de partida definitivo para llevar a buen fin este procedimiento".