En el auto, el juez decide, además, librar una comisión rogatoria a Chile par que las autoridades de ese país informen sobre las causas abiertas contra el general Pinochet y contra los responsables de la represión llevada a cabo principalmente en los primeros años de la dictadura.

García Castellón decidió hace unos meses cerrar esta investigación, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideraba imposible procesar a Augusto Pinochet y a otros 39 militares chilenos, como había solicitado la acusación particular de este caso.

El juez cerr el sumario y lo remitió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero esta instancia pidió al juez que se definiera sobre su competencia, que es lo que ahora ha constestado afirmativamente.

Sigue así el ejemplo de su colega, el juez Baltasar Garzón, quien se ha declarado competente en reiteradas ocasiones para investigar un proceso similar relativo a Argentina, lo que le ha costado enfrentarse con la opinión negativa de la fiscalía de la Audiencia Nacional e incluso del fiscal general del Estao, Jesús Cardenal.

Por ello, es previsible que la fiscalía que dirige Eduardo Fungairiño vuelva a recurrir la decisión del juez, por lo que la cuestión subirá de nuevo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -donde ya está el asunto de los argentinos-, para que se dicte una decisión definitiva sobre la competencia de los jueces españoles para investigar estos hechos.