Será en otoño, anunció, cuando la Junta remitirá al Parlamento regional la iniciativa legislativa que recogerá el derecho de acceso a una vivienda, que regulará que las personas con residencia administrativa continuada sin vivienda en propiedad tendrán derecho a una protegida en un plazo concreto de tiempo en el municipio en el que residan.

La ley les garatizará que, como máximo, pagarán un tercio de sus ingresos familiares en caso de compra y un cuarto en los casos de alquiler de vivienda.

Para ello, recordó Chaves que en la anterior legislatura la Junta y las corporaciones locales, empresarios, entidades financieras y sindicatos, "hemos firmafdo el pacto por la vivienda que prevé la construcción de 700.000 viviendas, de las que al menos 300.000 serán protegidas".

Para coordinar todo este proceso, adelantó el presidente andaluz en funciones que creará la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Estos anuncios de Chaves durante su intervención en el discurso de investidura, que proseguirá mañana con la intervención de los portavoces de la oposición, fueron recibidos con semblante de escepticismo por parte del principal dirigente del PP andaluz, Javier Arenas.