Así lo acordó la Comisión Disciplinaria del CGPJ en la reunión mantenida hoy, al amparo del artículo 415.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Dicho artículo establece que "la incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal".

Asimismo, señala que, "en todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y otra vía".

El Servicio de Inspección del CGPJ ha pedido que se sancione a Martín con la separación de la carrera judicial como autor de cuatro faltas muy graves, consistentes en la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado, ejercer actividades incompatibles con el cargo de juez y abstenerse cuando debía hacerlo.

Sin embargo, el CGPJ no podrá tomar una decisión hasta que termine la causa judicial que se sigue contra Martín, que está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias por un supuesto caso de "favores judiciales" para liberar a un narcotraficante.

SUSPENDIDO CAUTELARMENTE

Martín se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones desde el pasado 19 de enero por decisión de la Comisión Permanente del CGPJ. Esta medida durará hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.

La medida cautelar se acordó en virtud del artículo 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que se puede suspender a jueces o magistrados "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

Supuestamente, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria habría intervenido en la excarcelación de Rafael Bornia, en prisión a la espera de juicio.

Los investigadores policiales interceptaron varias comunicaciones telefónicas de Julio Bornia, hermano del citado narcotraficante, en las que se aludía a una supuesta cena con el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El caso llegó al TSJ de Canarias de la mano del juez de Instrucción número 7 de Las Palmas, Miguel Angel Parramón, que investiga un caso de tráfico de influencias.