El CGPJ fijó esta posición a través de una declaración institucional aprobada por su Comisión Permanente.

El órgano de gobierno de los jueces afirma que merece un “rotundo rechazo” que Ribera cuestione la actuación de García-Castellón en el ‘caso Tsunami Demàcratic’, en el que este magistrado ha reafirmado su acusación por terrorismo contra Puigdemont al responder al recurso de la Fiscalía.

Para el Consejo, las palabras al respecto de la vicepresidenta “merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional”, al tiempo que pueden interferir en una investigación judicial en marcha.

“PRUDENCIA” Y “MESURA”

La declaración institucional de la Comisión Permanente también señala que las palabras de esta integrante del Ejecutivo “son contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado”.

Por este motivo, se apela “a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad” de los jueces y magistrados.

El CGPJ concluye que la separación de poderes es uno de los “valores esenciales” de la UE y es “imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de derecho”.