El acuerdo, que será aprobado con toda probabilidad por el Pleno, pretende mejorar el acceso de las personas con minusvalías a la Administración de Justicia, así como el funcionamiento de esta última.

Según el acuerdo, un grupo de expertos propondrá al CGPJ y a la Fundación ONCE un conjunto de actividades comunes que permitan ahondar en el conocimiento de los problemas de los minusválidos.

Asimismo, la Fundación ONCE se compromente a faciliar a los jueces y magitrados aquella documentación de que disponga sobre las minusvalías y "que pueda ser de utilidad para el ejercicio de la función jurisdiccional".