La reunión plenaria del CGPJ estudiará el informe emitido el pasado 19 de abril por el Gabinete Técnico, a favor del reingreso inmediato de Gómez de Liño. Sin embargo, dicho escrito no tiene carácter vinculante para el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados.

El ex juez de la Audiencia Nacional, condenado por prevaricación durante la instrucción del "caso Sogecable", pidió el pasado mes de febrero al CGPJ su reingreso en la carrera judicial, al considerar que la condena de 15 años de inhabilitación que se le impuso no implica la pérdida de su condición de magistrado.

Gómez de Liaño explicaba que la petición se basa en el indulto que l concedió el Gobierno el 1 de diciembre del año 2000 y que desembocó en un conflicto entre el Tribunal Supremo y el gabinete de José María Aznar.

El litigio comenzó cuando el pleno jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió rechazar el requerimiento del Ministerio de Justicia para reingresar en la carrera judicial a Javier Gómez de Liaño, tal y como dictaba el indulto que le otorgó el Ejecutivo.

Tras la concesión del indulto, los magistrados del Supremo encargados del "caso Laño" dieron por cumplida la pena de quince años de inhabilitación, pero se negaron a reingresarle en la carrera judicial de manera inmediata, por considerar que al Gobierno no le compete tomar esta decisión.

El Ejecutivo respondió iniciando un contencioso que el Tribunal de Conflictos resolvió cuatro meses después, dando la razón al gabinete de José María Aznar. Los magistrados argumentaron que "la competencia para la determinación del alcance del indulto en cuanto a la pena ejecutada corresponde al Gbierno", mientras que "las cuestiones relativas al reintegro de Gómez de Liaño en la carrera judicial competen al Consejo General del Poder Judicial".

Es decir, que el Gobierno tiene competencias para conceder un indulto como el que otorgó en su día a Gómez de Liaño, reintegrándole en la carrera judicial, aunque con la prohibición de ejercer en la Audiencia Nacional por un periodo de 25 años.

Ahora ha de ser el pleno del Consejo General del Poder Judicial el que decida si se ha de producir el reigreso y, en caso afirmativo, el que establezca la fecha de reincorporación del magistrado y su nuevo destino.