La actuación del CGPJ contra Reyes Gimeno se produjo a iniciativa de la familia de la víctima, quien también solicitó la inhabilitación de la titular del Juzgado de Intrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Carmen Iglesias, por no atender a tiempo ninguna de las 12 denuncias presentadas por su hija contra su ex novio.

Aunque no apreció nada reprochable en la actuación de la juez de Vigilancia Penitenciaria y ha archivado el caso, la Comisión Disciplinaria concluyó que la que sí cometió una falta de carácter muy grave fue la titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Alcobendas, Carmen Iglesias.

La Comisión Disciplinaria considera que la juez Igesias incurrió en una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consistente en la "desatención o el retraso injustificado y reiterado en la tramitación o resolución de procesos y causas".

Así, ha ordenado a la juez instructora del expediente abierto a Iglesias que les diga con qué cree que debe ser sancionada esta magistrada de Alcobendas, con el traslado forzoso, la suspensión de hasta tres años o separación del servicio, los tres castigos que establee la LOPJ para las faltas disciplinarias muy graves.

María del Mar Herrero, de 23 años y maquilladora de profesión, murió el 13 de octubre de 1999, cuando fue torturada y acuchillada por su ex novio, Luis Patricio Andrés, a quien había denunciado en 12 ocasiones ante la juez de Alcobendas.

En el momento del crimen, Luis Patricio Andrés se encontraba en libertad condicional, dado que había cumplido 9 de los 12 años de prisión a los que fue condenado por disparar a otra ex novia en julio de 1993. Ante las denuncias presentadas por María del Mar Herrero, la Fiscalía de Madrid solicitó que se revocara la libertad condicional de Luis Patricio Andrés. Sin embargo, la juez de Vigilancia Penitenciaria confirmó la situación del reo.

La relación entre María del Mar Herrero y Luis Patricio Andrés comenzó en febrero de 1999, cuando él consiguió la libertad condicional, pero finalizó poco después del verano, al romper ella.

Fue entonces cuando comenzaron las amenazas, así como el rosario de denunias desoídas y la petición de la Fiscalía de Madrid para que se revocase la libertad condicional concedida a Luis Patricio Andrés.