La apertura de un expediente disciplinario a Del Olmo fue propuesta a finales del pasado mes de mayo por el jefe del Servicio de Inspección del CGPJ, José María Gil Sáez, quien aprecia en el citado magistrado una falta muy grave de desatención de sus funciones jurisdiccionales.

Para el Servicio de Inspección del CGPJ, la puesta en libertad de Saed el Harrak fue debido a una desatención por parte de Del Olmo en el cumplimiento de sus obligaciones, "ya que todo el error que desembocó en la excarcelación del inculpado en el sumario 20/04 fue debido a una falta de control en el plazo de la prisión provisional del encartado".

Las faltas muy graves están castigadas, según establece el artículo 420.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Según un informe remitido por la Audiencia Nacional al CGPJ, el propio Del Olmo reconoció que la excarcelación de Saed El Harrak, uno de los 29 procesados por su presunta participación en el sumario sobre los atentados del 11-M, se debió a un "error de transcripción mecanográfica" en el listado informático que tiene sobre las prisiones provisionales de los imputados del sumario.

Por su parte, la juez Teresa Palacios, que ese día tuvo que sustituir a Del Olmo, remitió otro escrito al Servicio de Inspección del CGPJ en el que señala que no fue informada con antelación de que debía sustituir al citado magistrado ni por cuánto tiempo. También dice que desconcía que tenía que tomar declaración a 29 procesados y decidir sobre prórrogas de prisión pendientes en la causa.

El Harrak tuvo que ser puesto en libertad el 10 de mayo,aunque con fuertes medidas cautelares, por orden de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, debido a que habían transcurrido dos años desde su detención sin que el juez Del Olmo hubiese decretado la prórroga de la prisión provisional ni la fiscal encargada del caso, Olga Sánchez, lo hubiese pedido.

FUERTES MEDIDAS CAUTELARES

Para paliar en la medida de lo posible esta situación, la jueza impuso que el procesado comparezca mañana y tarde en la comisaría más próxima a su domcilio, que no pueda abandonar España y que no se le permita salir de la Comunidad de Madrid. Además, la magistrada le retiró el pasaporte y ordenó a la Policía que lo mantenga bajo vigilancia 24 horas al día.

Teresa Palacios actuó en sustitución del instructor del sumario abierto sobre el 11-M, ya que se encontraba de baja médica por una operación.

Ese día, la fiscal Olga Sánchez intentó que se volviera a encarcerlar a El Harrak, presentando un recurso contra su puesta en libertad y pidiendo que se celebrara la vistilla que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé para acordar medidas privativas de libertad.

Sin embargo, la jueza Palacios rechazó celebrar la citada vistilla, alegando que, una vez puesto en libertad, El Harrak sólo puede ser encarcelado otra vez si aparecen nuevos indicios que le incriminen.

La excarcelación de El Harrak también ha dado lugar a la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía General del Estado para tratar de esclarecer por qué no se prorrogó su prisión preventiva.

Según la legislación vigente, la prisión provisional, es decir, el tiempo que una persona puede estar encarcelada antes de que se celebre juicio contra ella es de dos años, prorrogables otros dos, es decir un máximo de cuatro años.