EL CGPJ CONSIDERA NECESARIA UNA MODIFICACION LEGISLATIVA PARA SOLVENTAR EL CONFLICTO ENTRE EL SUPREMO Y EL CONSTITUCIONAL

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera necesaria una modificación legislativa y un desarrollo del artículo 53.2 de la Carta Magna para establecer los límites competenciales del Tribunal Constitucionl, por lo que el pleno, reunido hoy, acordó promover a través de su presidente, Pascual Sala, ante los demás órganos constitucionales competentes, "las iniciativas precisas para estudiar la conveniencia" de adoptar esas medidas.

Asimismo, el pleno del CGPJ, que "quiere servir de cauce para la búsqueda de soluciones" al conflicto de competencias entre el Tribunal Constitucional y el Supremo, decidió trasladar este acuerdo al presidente del Gobierno, Felipe González, y a los presidentes del Congreso de os Diputados, Félix Pons; del Senado, Juan José Laborda, y del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero.

Pascual Sala sometió hoy al pleno del máximo órgano de Gobierno de los jueces un escrito en el que aboga por la "autodisciplina" y por el desarrollo legislativo para solventar el conflicto de competencias surgido entre ambos tribunales a raiz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las pruebas de paternidad que anuló otra del Supremo.

Sala dijo, antes de que el pleno estudias este asunto, que muchos problemas de límites de las competencias de los órganos judiciales se resuelven con la "autoponderación", cualidad que, a su juicio, es necesario que tenga el Tribunal Constitucional "entendiéndola como comprensión propia de los límites".

A su juicio, debe designarse alguna línea de separación en la atribución de las competencias entre ambos órganos, ya que sino "las interferencias se producirán siempre".

Agregó que la resolución de este problema, que calificó de técnico,"es algo que interesa no sólo a los magistrados de la justicia ordinaria y del Tribunal Supremo, sino también a los del Tribunal Constitucional".

El conflicto de competencias entre ambos tribunales nació tras la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo de elevar al Rey un informe en el que pretendía expresar su malestar por la intromisión del Tribunal Constitucional en sus competencias con la sentencia relativa a las pruebas de paternidad, aunque finalmente lo remitió al presidente del Supremo Pascual Sala.

"Se manifestaba así por el supremo órgano jurisdiccional una inquietud ya hace tiempo advertida en otros ámbitos de la administración de justicia acerca del menoscabo que, para la integridad de las atribuciones de la jurisdicción ordinaria, podrían entrañar algunas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional", según el CGPJ.

(SERVIMEDIA)
09 Feb 1994
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