Aunque el Promotor considera que existe “una constante y notoria correlación entre el magistrado y el citado perfil”, señala que no se ha podido determinar la autoría de los mensajes, que el expedientado negó, ni la autenticidad de los mismos.

Respecto a la falta disciplinaria consistente en “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición” (artículo 418.3 Ley Orgánica del Poder Judicial), el Promotor explica que no ha quedado acreditado que el autor invocara o se sirviera de su condición de juez.

“Aún dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”, dice. Según la doctrina del Tribunal Supremo, la notoriedad de la condición de juez no es suficiente por sí misma para imponer la sanción.

En relación con las faltas previstas en los arts. 418.5 y 419.2 LOPJ (que tipifican la desatención y la desconsideración), el Promotor, “de acuerdo con el criterio de la Fiscalía”, señala que no ha sido posible determinar si las manifestaciones, de ser atribuidas a Ruiz de Lara, fueron hechas como mero ciudadano o haciendo patente su condición de miembro de la Carrera Judicial, lo que también conlleva el archivo del expediente. El acuerdo ha sido aprobado con el voto en contra de las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda.